El nuevo reglamento que regula la actividad de las comercializadoras eléctricas introduce más control y transparencia en el mercado y refuerza la obligación de ofrecer información comprensible a los consumidores. La norma, que busca ordenar un sector marcado por prácticas poco claras, incorpora exigencias que conectan de forma directa con el derecho a entender. El texto normativo plantea un mayor control sobre la solvencia y el comportamiento de las comercializadoras, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo para los clientes. La experiencia de los últimos años, con cierres repentinos y cambios contractuales poco transparentes, ha evidenciado la necesidad de reforzar la supervisión pública.
Uno de los ejes del reglamento es la mejora de la información que reciben los usuarios. La norma insiste en que las condiciones contractuales, las ofertas y las comunicaciones deben ser claras, accesibles y verificables. Esta exigencia no se limita a una cuestión formal, sino que afecta al núcleo de la relación entre empresa y consumidor: si el cliente no entiende lo que firma, la transparencia es solo aparente.
En este punto, el nuevo marco encaja con el impulso institucional que el lenguaje claro ha adquirido en España en los últimos años. El Congreso de los Diputados ha incorporado acciones específicas en el Plan de Parlamento Abierto 2025-2027 para reforzar la transparencia y la participación ciudadana. Esa estrategia parte de una idea sencilla: la ciudadanía solo puede participar y fiscalizar si comprende lo que lee.
Además, la Ley Orgánica del Derecho de Defensa ha reconocido por primera vez el derecho de la ciudadanía a recibir actos, resoluciones y comunicaciones procesales en un lenguaje claro. Aunque esta previsión se refiere al ámbito judicial, su filosofía resulta plenamente trasladable al sector energético: el acceso a la electricidad es un servicio esencial y la información sobre tarifas, penalizaciones o permanencias debe ser inteligible.
El reglamento de comercializadoras, al exigir mayor transparencia y precisión en la información, se alinea con los principios recogidos en la futura norma UNE-ISO 24495-1, que establece directrices para redactar documentos en lenguaje claro. No se trata de simplificar en exceso, sino de estructurar mejor, usar términos comprensibles y presentar los datos de forma ordenada.