El artículo ‘Lenguaje claro y el derecho humano de acceso a la justicia’, de Luis Raúl González Pérez, plantea que la claridad en el lenguaje jurídico no es una cuestión estética ni pedagógica, sino una condición indispensable para garantizar derechos fundamentales. El autor sostiene que cuando las resoluciones, leyes y procedimientos se expresan de forma oscura o excesivamente técnica, se genera una barrera real entre las instituciones y la ciudadanía que limita el acceso efectivo a la justicia y debilita la confianza en el sistema.
El texto defiende que el lenguaje claro forma parte del contenido esencial del derecho humano de acceso a la justicia, ya que entender qué dice una resolución judicial, una notificación o una norma es el primer paso para poder ejercer derechos, recurrir decisiones o defenderse en igualdad de condiciones. González Pérez subraya que la incomprensión no afecta por igual a toda la población y que suele perjudicar especialmente a los colectivos más vulnerables, lo que agrava desigualdades y refuerza situaciones de indefensión.
El autor señala que avanzar hacia un lenguaje claro en el ámbito judicial exige un compromiso institucional sostenido, que incluya formación, cambios culturales y responsabilidad por parte de jueces, fiscales y operadores jurídicos. La claridad, afirma, no empobrece el rigor del derecho, sino que lo fortalece, porque permite que la justicia sea verdaderamente pública, comprensible y accesible, en línea con los principios democráticos y de derechos humanos que deben regir el funcionamiento del Estado.