La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México abre un debate sobre si supone un avance o un retroceso en el ejercicio del derecho ciudadano a saber. Las investigadoras Evelyn Caro Solano, María Guadalupe Córdova Espinoza y Pedro Santiago Sánchez analizan esta reforma desde una perspectiva prospectiva hacia 2035 y en comparación con otros países de la región, señalando que el acceso a la información es un pilar básico de la democracia, pero su eficacia depende de cómo se implementa en la práctica.
Los autores destacan que uno de los elementos clave para garantizar ese derecho es el uso del lenguaje claro en la comunicación institucional. Subrayan que no basta con publicar información si esta no puede entenderse, y recuerdan que un texto solo cumple su función cuando el ciudadano puede encontrar, comprender y utilizar la información que contiene. En este sentido, el análisis incide en que la complejidad jurídica sigue siendo una barrera estructural, lo que convierte al lenguaje claro en una herramienta estratégica para hacer efectiva la transparencia y no solo formal.
El estudio también advierte sobre los riesgos de la centralización del sistema de transparencia. Aunque puede aportar eficiencia operativa, Evelyn Caro Solano, María Guadalupe Córdova Espinoza y Pedro Santiago Sánchez coinciden en que puede generar debilidades si no se acompaña de medidas complementarias como la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la mejora de los canales de comunicación. En este escenario, concluyen que el futuro del derecho de acceso a la información no dependerá solo de la norma, sino de su capacidad para traducirse en información comprensible, accesible y útil para la ciudadanía.