España ha aprobado el primer reglamento estatal que establece las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. La nueva norma busca que todas las personas puedan comprender la información, orientarse en los espacios públicos y realizar trámites sin encontrar barreras innecesarias. El real decreto afecta tanto a las administraciones como a las entidades privadas que ofrecen bienes y servicios al público. Sus medidas deberán aplicarse en ámbitos como la sanidad, el transporte, las telecomunicaciones, la Justicia, el empleo, los edificios públicos, el patrimonio cultural y los procesos electorales.
El reglamento exige que la información se facilite de manera clara, accesible y sin costes adicionales para sus destinatarios. Para ello, contempla el uso del lenguaje claro, la lectura fácil, los pictogramas, la señalización comprensible y los sistemas alternativos de comunicación. También incorpora soluciones tecnológicas que ayuden a las personas a comunicarse, orientarse o completar una gestión con mayor autonomía. La norma presta especial atención a las personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis cerebral, daño cerebral adquirido o problemas de salud mental. También puede resultar útil para las personas mayores con deterioro cognitivo, quienes tienen dificultades de lectura o las personas migrantes que todavía no dominan el idioma.
Uno de los principales cambios será la adaptación de documentos, formularios, indicaciones y procedimientos administrativos. La accesibilidad cognitiva no se limitará, por tanto, a simplificar algunos textos, sino que deberá tenerse en cuenta desde el momento en el que se diseñe un servicio, un edificio o un canal de atención al público.
El Centro Español de Accesibilidad Cognitiva trabajará en la elaboración de guías que faciliten la aplicación práctica del reglamento. Entre sus proyectos figura la adaptación de gestiones especialmente complejas, como la declaración de la renta, la solicitud del ingreso mínimo vital, la obtención del DNI o determinados trámites de extranjería. La aprobación del reglamento completa el desarrollo de la Ley 6/2022, que incorporó la accesibilidad cognitiva a la legislación española. Su impacto dependerá ahora de cómo se traslade a la vida cotidiana de hospitales, estaciones, juzgados, oficinas administrativas y colegios electorales.