El Senado de Uruguay ha aprobado un proyecto de ley que pretende convertir el lenguaje claro en una obligación para los organismos públicos. La iniciativa, impulsada por la senadora Blanca Rodríguez, del Frente Amplio, busca garantizar que la ciudadanía pueda comprender los trámites, servicios, documentos y comunicaciones que recibe de las instituciones del Estado. El texto deberá continuar su tramitación en la Cámara de Diputados.
La propuesta, denominada ‘Lenguaje claro y comprensible. Derechos y deberes de los ciudadanos’, define el lenguaje claro como una forma de transmitir información de manera sencilla, efectiva y sin opacidad. Su aplicación alcanzaría a los organismos públicos estatales y no estatales, con independencia del canal utilizado para comunicarse con la ciudadanía. El proyecto también contempla la creación de un consejo asesor encargado de promover buenas prácticas, orientar a las instituciones y contribuir a mejorar la redacción de las comunicaciones públicas. Entre las medidas propuestas figuran la eliminación de tecnicismos innecesarios, el uso de frases más cortas y una organización de los contenidos que facilite identificar los derechos, las obligaciones y los pasos necesarios para completar un trámite. La iniciativa recibió el respaldo del Frente Amplio y de legisladores del Partido Colorado, mientras que el Partido Nacional votó en contra y expresó dudas sobre su constitucionalidad.