La ponencia del proyecto de ley de Derecho de Defensa ha finalizado su trabajo en el Congreso de los Diputados de España, con la elaboración de un dictamen consensuado, que incorpora enmiendas de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox. En este documento se incluye un impulso inédito al uso del lenguaje claro en la Justicia española.
La ponencia incorpora enmiendas cruciales para garantizar que todas las personas puedan acceder a la información de manera efectiva a través del lenguaje claro. Se permitirán sistemas alternativos como braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia accesibles, intérpretes y lenguaje de signos, entre otros. Cualquier sistema o dispositivo necesario para asegurar la accesibilidad será contemplado. Además, se ha establecido que todos los actos y comunicaciones procesales deben redactarse en un lenguaje claro, adaptado a las características y necesidades específicas de cualquier sector de la población. Para mejorar la comprensión, se insta a utilizar medios y metodologías que se adapten mejor a cada caso. Esta obligación de adaptar el lenguaje también deberá considerar a los menores de edad, asegurando así una comunicación inclusiva y comprensible para todos.
La ley de Derecho de Defensa busca garantizar el libre acceso a los Tribunales de Justicia, asegurar que los procesos se desarrollen sin dilaciones indebidas y proteger a las personas en procedimientos penales. Para que estos derechos sean efectivos para toda la población, se han incorporado varias enmiendas en el dictamen que otorgan especial atención a la accesibilidad para personas con discapacidad.
El texto ahora incluye una referencia explícita a la accesibilidad universal como un componente integral del derecho a la defensa. Esto obliga a las administraciones públicas a proporcionar recursos adaptados y accesibles, asegurando que todas las personas, sin importar sus circunstancias o condiciones, puedan ejercer su derecho a la defensa en igualdad de condiciones.
