El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, un hito que marca un antes y un después en la protección de los derechos procesales en España. Esta normativa introduce avances significativos en múltiples áreas, pero destaca especialmente por incorporar de manera pionera el derecho al lenguaje claro en los actos, resoluciones y comunicaciones procesales. Este enfoque no solo busca democratizar el acceso a la justicia, sino también garantizar que cualquier persona, independientemente de su formación o situación personal, pueda comprender plenamente el proceso judicial que le afecta.
El artículo 9 de la ley establece que los actos procesales deben redactarse en un lenguaje claro, accesible y universalmente comprensible, adaptándose a las necesidades de los destinatarios. Esto incluye desde resoluciones judiciales hasta comunicaciones del Ministerio Fiscal y la Administración de Justicia. Además, se prevé una atención específica para colectivos vulnerables, como personas con discapacidad o menores de edad, garantizando que sus características personales sean tenidas en cuenta. Este enfoque innovador no solo elimina barreras lingüísticas, sino que refuerza el principio de igualdad en el acceso a la justicia.
La norma supone un impulso crucial para la implementación del lenguaje claro en el ámbito jurídico, un terreno históricamente marcado por el uso de terminología técnica y compleja. Si bien se mantiene la necesidad del lenguaje técnico-jurídico para garantizar la precisión, la ley obliga a los operadores jurídicos a comunicar de manera comprensible. Esto no solo mejora la experiencia de los usuarios del sistema judicial, sino que también fomenta la transparencia y la confianza en las instituciones.
Con esta ley, España da un paso importante hacia la modernización de su sistema judicial, alineándose con estándares internacionales que promueven la claridad y la accesibilidad en la comunicación legal. La redacción en lenguaje claro no es solo una cuestión de estilo, sino un derecho fundamental que coloca al ciudadano en el centro del proceso judicial, reforzando la garantía de una justicia más inclusiva y eficiente.
