El Centro de Estudios Constitucionales (CEC) de México ha comenzado a ‘traducir’ las leyes y criterios jurídicos a un lenguaje claro. Según su directora, Alejandra Martínez, muchos artículos de la Constitución mexicana contienen conceptos ambiguos que dificultan su interpretación. Por ello, el CEC se encarga de sistematizar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), especialmente en materia de derechos humanos y acceso a la justicia, para que cualquier persona, sin necesidad de formación jurídica, pueda comprender y ejercer sus derechos. Una de las estrategias implementadas por el CEC es la elaboración de cuadernos que simplifican las sentencias de la SCJN. Estos materiales buscan empoderar a la población al informar sobre sus derechos y hacerlos valer ante las autoridades.
Además, el CEC colabora estrechamente con la judicatura nacional, jueces de otros países y organizaciones de la sociedad civil para mejorar la impartición de justicia en México. En línea con estos esfuerzos, el Senado mexicano analiza una iniciativa para lanzar la Ley General sobre el Uso de Lenguaje Claro en el Actuar de las Autoridades Federales. Esta propuesta busca obligar a funcionarios de los tres poderes y niveles de gobierno a redactar leyes, decretos, sentencias y otros documentos de manera que sean fácilmente comprensibles para los ciudadanos. El objetivo es consolidar la rendición de cuentas, la participación, la inclusión y la vida democrática en el país.
